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PROLOGUS BAENENSIS 2

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LA CRÍTICA AL SISTEMA JURÍDICO DEL DERECHO COMÚN EN EL CANCIONERO DE JUAN ALFONSO DE BAENA. SIGLO XV

Faustino Martínez Martínez
Departamento de Historia del Derecho y de las Instituciones
Universidad Complutense
Correo Electrónico: fmartine@der.ucm.es

 

La crítica al derecho jurídico. 2>>

1.- El mundo del Derecho Común.-

Sabida es la rápida difusión que el Derecho Común experimentó en los diferentes territorios europeos, a partir de su formulación doctrinal situada tradicionalmente entorno a los siglos XII y XIII. El siglo XII, usualmente considerado como el punto de partida, muestra claramente toda una serie de cambios que se han producido en la Europa occidental. El renacimiento de las ciudades, el redescubrimiento de las antiguas rutas comerciales merced a las Cruzadas, las conquistas en el sur de Italia y en la Península Ibérica, entre otros muchos factores, provocan un cambio sustancial en el esquema político, económico y social del momento. La mutación debía producirse asimismo en la órbita jurídica. La vida urbana incipiente, pero pronto dominante, opuesta a los imperativos económicos de la época señorial que se dejaba atrás, exigía una nueva reformulación del orden jurídico, con una organización administrativa más coherente que protegiese esas conquistas inherentes al nuevos sistema de vida urbano, una administración de justicia flexible y metódica, que comportaba la necesidad de un derecho sistematizado, y una reanimación de la labor de los juristas. Los primeros siglos medievales (VIII-XI) habían contemplado el predominio de una normativa dispersa, divergente, basada en la costumbre, ciertamente mezcla de varias tradiciones jurídicas ninguna de las cuales había conseguido la hegemonía. El descubrimiento de versiones completas y auténticas de los principales textos romano-justinianeos proporcionó el material indispensable para la construcción de esta nueva jurisprudencia, para una nueva sistematización, para un estudio renovado del derecho romano.

La resurrección del derecho romano se sitúa alrededor del año 1100 gracias a la labor de Irnerio, un oscuro filólogo y gramático boloñés, quien convierte el derecho en una disciplina autónoma separada de las artes liberales a las que había sido adscrito en los primeros siglos medievales como ejemplo de una determinada forma de razonamiento y debate. Con sus glosas, Irnerio y sus discípulos procedieron a interpretar y explicar los pasajes de la obra justinianea, contribuyendo a su resurrección en el sentido de recuperación de ese conglomerado jurídico y de adaptación del mismo a la realidad medieval. Las glosas y los comentarios se fueron acumulando poco a poco, convirtiéndose en un elemento indisolublemente unido al propio texto legal como acontecía con las Gemara y Halacha talmúdicas. Un poco después de la labor de Irnerio, un monje llamado Graciano elaboró la primera compilación completa, lógica y sistemática del derecho canónico, en relación a la cual la influencia romana era ostensible como había acontecido desde el nacimiento del orden jurídico de la Iglesia. Pero Graciano tuvo una gran virtud intelectual y fue la de conseguir la separación entre la Teología y el derecho canónico, de modo que hace nacer un nuevo saber especializado dentro del universo de la ciencia jurídica. El Derecho Común comienza así a consolidarse no sólo por la rápida difusión intelectual que tuvo por el continente europeo gracias al papel de las universidades, de los maestros y de los estudiantes, sino por el apoyo decidido, siempre interesado, que instancias políticas varias (imperio, papado, ciudades, principados, etc.) prestaron al mundo jurídico con las miras puestas en las tutela de sus propias posiciones e intereses.

Con esta denominación, Ius Commune, se quiere designar al producto resultante de la conjunción y adaptación de tres diferentes órdenes jurídicos: el romano-justinianeo, en proceso de redescubrimiento y de reelaboración; el canónico, en plena efervescencia marcada por la abundante labor legislativa conciliar y, sobre todo, papal; y, en menor medida, el lombardo-feudal, resultado de la adaptación de las antiguas prácticas y usos carolingios de tipo feudal, en los territorios del norte de la Península Itálica. Bajo esta fórmula, repetimos, se condensa la más importante formación jurídico-cultural que se ha producido en Europa al tratarse, y aquí lo verdaderamente novedoso y trascendente del tema, de un sistema jurídico que combinó adecuadamente los aspectos teóricos y prácticos, esto es, lo establecido en los libros y las creaciones de sus cultivadores junto con las necesidades que demandaba la el propio mundo medieval, convirtiéndose en el sustrato común de la cultura jurídica europea, tanto continental como insular.

El Derecho Común cubrió con su manto la Europa bajomedieval y sus efectos dominadores se trasladaron prácticamente sin interrupción hasta el ilustrado y reformador siglo XVIII, en donde comienza un período de crisis y de revisión de lo que había sido el modelo jurídico dominante. De todas formas y esto hay que decirlo, la criba que supone el siglo XVIII es menos profunda de lo que se piensa tradicionalmente porque no hay una ruptura total y expresa con relación al derecho romano: se aparta, eso sí, de la práctica, estilos y usos de antaño, todo lo considerado abusivo, excesivamente dotado de complejidad, pero se conserva ese caudal jurídico indispensable que fue el Derecho Común con sus conceptos y principios básicos [1] .

La asimilación de esta tradición jurídica en cada uno de los reinos europeos (la denominada Recepción [2] , entendida como el proceso sucesivo de penetración y asunción del molde jurídico romano-canónico dentro de los ordenamientos particulares de cada reino o principado europeos) supuso un cambio radical en el mundo jurídico tradicional que cada uno de los reinos aspiraba a conformar. El sistema jurídico de la Recepción se caracterizó por la atribución desmesurada de un valor casi sagrado a los textos romanos, admitidos sin el más mínimo reparo o la menor crítica filológica, al mismo tiempo que se tendió a abusar del argumento de autoridad en el debate de ideas, esto es, a la cita desmesurada de los autores más prestigiosos como único y exclusivo modo de argumentación jurídico de relieve, por encima incluso de los propios textos legales o los propios razonamientos derivados del buen hacer, del pensar jurídico. El obrar de los juristas se convirtió en una cita constante y abusiva de las opiniones de otros autores anteriores o coetáneos, con la consiguiente pérdida de la originalidad interpretativa e incluso de la pureza de la misma, al olvidarse en muchos casos del texto que servía de referencia para el trabajo jurídico-intelectual. Precisamente, el pensamiento aristotélico del que se partía y que había auspiciado la renovación metodológica que en su día implicó este modo de trabajo, devino con el paso del tiempo en su peor enemigo porque la libertad de criterio, el libre uso de la razón, la confianza en el propio raciocinio, se vieron poco a poco arrinconados y se reemplazaron por otros modos de investigación más cómodos, más sencillos, menos polémicos, menos exigentes. Fue un derecho jurisprudencial, creado por los teóricos y prácticos vinculados a las universidades sin perjuicio de que sus veleidades políticas condicionasen las respectivas actividades intelectuales [3] .

Como ha destacado Francisco Carpintero, la argumentación jurídica desarrollada por los juristas del Derecho Común descansaba en tres pilares: la ley, la razón y la autoridad, es decir, eran tres los elementos sucesivos que se tomaban en consideración para la construcción doctrinal del nuevo universo jurídico.

Primeramente, se partía siempre de la ley, tratando de desentrañar el significado de cada palabra, con independencia de su categoría gramatical, para lo cual acudían al sentido común usual o al significado jurídico más inmediato que, de acuerdo con su formación, podía presentar el vocablo analizado. Es evidente que la ausencia de conocimientos filológicos e históricos, denunciada siglos más adelante hasta llegar a Savigny, provocó numerosas oscilaciones, contradicciones y arbitrariedades en la interpretación que convirtió a estas glosas en un factor constante de razonamiento jurídico ágil, dinámico, libre a la par que inseguro, puesto que dependía de la formación del autor, sin criterios objetivos, fijos y determinados [4] .

En segundo lugar, se acudía a las razones, esto es, argumentos de conveniencia, de oportunidad, de justicia o de lógica que se volcaban sobre el caso concreto. Este segundo recurso evidencia la existencia de todo un aparato conceptual construido precisamente para facilitar esa labor de subsunción del caso en el mundo jurídico puesto que implicó la generación de todo un elenco de soluciones expeditivas, rápidas y claras, tomadas de los textos romanos y sintetizadas a partir de los mismos. Solamente así fue posible penetrar en la complejidad estructural de la obra de Justiniano [5] .

En último lugar, estaban los argumentos de autoridad, a las opiniones de lo expresado por otros doctores anteriores o coetáneos: inicialmente, este recurso fue usado con prudencia y limitación hasta que adquiere una importancia desaforada en el siglo XIV, con el incremento de la literatura consiliar, “llegando a provocar en el siglo XV una degeneración de todo el método jurídico, que quedó reducido en buena parte a una acumulación de opiniones sobre cada tema, de valor dudoso” [6] . La crítica al mismo arrancará precisamente de esta proliferación de opiniones en la que pagaron, perdónese la expresión, justos por pecadores.

La consecuencia derivada de los abusos en esta forma de razonamiento y argumentación jurídicas se cifran en la propia oscuridad deliberada en la que se sumergió el mundo del derecho. Las citas de autores, más que eslabones en la cadena del razonamiento y la construcción lógicas, se proyectaron de una manera desmedida en las actuaciones prácticas de los juristas y contribuyeron de este modo a convertir al derecho y su mundo anexo en una especie de oráculo délfico oscurantista al que solamente podían tener acceso ciertas personas privilegiadas, formadas en el propio lenguaje del derecho, capaces de surcar las procelosas aguas de los variados doctores del Derecho Común, con sus citas literales, con las remisiones internas de sus obras, con el catálogo de las abreviaturas y demás parafernalia que acompañaban los plurales trabajos generales y monográficos. Y esa complejidad se tradujo asimismo en una complejidad de la práctica [7] .

Ante tal cúmulo de desviaciones de lo que había sido inicialmente una saludable contribución a la renovación jurídica del Occidente medieval, las autoridades tuvieron que reaccionar con el fin de evitar la ruina total del sistema jurídico que había tolerado. Vamos a hacer mención, por motivos obvios dado que el objeto de este estudio será el examen de dos cuerpos literarios castellanos y otro francés, a la Corona castellano-leonesa, paradigma de una manera peculiar de concebir el Derecho Común que se aparta de lo acontecido en el resto de la Península Ibérica [8] y en el resto de Europa, puesto que mientras que en la pugna entre el derecho propio y el Derecho Común, muchos territorios llegaron a una solución de compromiso y equilibrio consistente en el respeto al primero y en la atribución de carácter supletorio al segundo, la Corona castellana pasó a efectuar una expresa renuncia al primero y una correlativa “nacionalización” del segundo, el cual, por decisión de la suprema instancia normativa, se convirtió en derecho propio.

En el caso de Castilla, la aportación del Derecho Común fue doblemente importante puesto que a la misión de renovación aludida, este nuevo orden jurídico contribuyó a la superación del localismo jurídico altomedieval que tanto había preocupado a los monarcas. La pluralidad normativa inherente a los primeros siglos medievales se había convertido en un enemigo a batir. Tímidos esfuerzos de Fernando III tuvieron su recompensa, pero con modelos antiguos. En este contexto llegamos al reinado de Alfonso X, en la segunda mitad del siglo XIII, quien elaborará una obra clave en la Historia del Derecho de Castilla: las Siete Partidas, una enciclopedia del Derecho Común por lo que se refiere a su contenido, fuentes empleadas e influencias, en detrimento, por tanto, del derecho tradicional castellano-leonés. No vamos a incidir aquí en toda la polémica que la obra alfonsina ha generado y sigue generando entre los estudiosos. Interesa destacar, por encima de todo, la dependencia de su contenido respecto del molde romano-canónico del que bebe con profusión [9] . Con independencia de su carácter inicial (si legal o didascálico), lo cierto es que, a pesar del rechazo que los municipios y la nobleza hicieron de esta obra, los tribunales reales fueron poco a poco aplicándola hasta llegar al momento decisivo que constituye el Ordenamiento de Alcalá de Henares (1348) [10] . En esencia, el orden de prelación de fuentes que Alfonso XI establece es el siguiente: primeramente, serán de aplicación las normas aprobadas en el propio Ordenamiento, o lo que es lo mismo, la primera fuente del derecho serán las disposiciones aprobadas por el rey en las Cortes. A renglón seguido, los jueces procederán a la aplicación de los Fueros, englobándose dentro de los mismos, el Fuero Real (a pesar de ser creación regia) y el antiguo Fuero Juzgo, pero con unas restricciones tales que los hacían prácticamente inaplicables en la práctica. En tercer lugar, se aplicarían las Partidas y finalmente se acudiría al rey para suplir las lagunas existentes en el Derecho del reino, bien por la vía creativa, bien por la vía interpretativa.

¿Qué sucedió en la realidad cotidiana? Los juristas procedieron a la aplicación directa de las Partidas por motivos que a nadie se le escapan: era un cuerpo jurídico global y completo; no presentaba las insuficiencias que podían detectarse en los Ordenamientos de Cortes o en los Fueros; y, aquí una de las perversiones que se originó con este sistema, al haberse nutrido las mismas de los derechos romano y canónico, se entendió que la remisión a las Partidas era una puerta abierta a todo el Derecho Común y a toda la doctrina de los autores del mismo. La perversión había comenzado y el exceso, tan típicamente hispánico, no tardaría en llegar. Se produjo la “nacionalización” del Derecho Común, el convertir en propio del reino un derecho en principio ajeno al mismo, lo cual no impidió finalmente el recurso directo a aquél; antes bien, se convirtió en el pretexto alegado por los juristas para acudir a las fuentes romano-canónicas y a las glosas y comentarios existentes en las principales bibliotecas. Los autores lo adornaron con las más variadas reflexiones (tradición, costumbre, consentimiento del príncipe, etc.), que, en última instancia, conducían a la consideración de los derechos romano y canónico como la plasmación por escrito de dos conceptos esenciales: la razón y la equidad, respectivamente [11] .

La especialización que comportó este nuevo orden jurídico, en el sentido de requerir conocimientos muy concretos del ámbito jurídico, del lenguaje, de la técnica normativa, etc., supuso una reducción del círculo de personas que podía acceder al mundo jurídico. Paralelamente se va produciendo el crecimiento cualitativo del estamento letrado como auténticos depositarios del saber especializado que constituía el mundo jurídico. Ellos serán los que desarrollen hasta sus máximas consecuencias la educación que han recibido, trasladándola paso por paso en la aplicación práctica en su múltiples vertientes. Su ubicación en los recientes órganos creados para la administración cada vez más compleja del reino es una muestra de su poderío ideológico (sustentado en el derecho romano y en su ideal de un solo poder) y de su paralelo poderío social que lleva a modelar a su antojo algunas de las nuevas instituciones de poder [12] . Unos años después de Alcalá, las Cortes de Briviesca en tiempos de Juan I (1387), ponían de manifiesto el triunfo del Derecho Común frente al derecho propio del reino, al admitir expresamente la alegación de aquél, si bien con algunas limitaciones [13] .

La puerta estaba abierta y los abogados empezaron a inundar sus escritos de referencias a los derechos romano y canónico, y a las opiniones de los más dispares juristas antiguos y coetáneos, convirtiendo la labor del juez en un auténtico calvario ante la imposibilidad de acreditar la autenticidad y la autoridad de las citas realizadas. Para corregir estos excesos, se pronuncia Juan II en su famosa “Ley de Citas” del año 1427, dirigida a limitar las alegaciones de juristas [14] . Esta Real Pragmática fija un límite cronológico que viene marcado por las vidas de Bartolo de Sassoferrato y de Juan Andrés, para el campo civil y canónico respectivamente. Los autores posteriores a los años 1357 y 1348, fechas respectivas de fallecimiento de los mencionados juristas, no podían ser alegados en juicio. Se creaba un criterio temporal para restringir las citas y una especie de vacío de casi setenta años, en relación al cual la producción doctrinal entonces generada se consideraría como letra muerta. El intento, sin embargo, no tuvo mucho éxito y la práctica siguió su propio camino al margen de las restricciones reales.

Tanto es así que en 1493, los Reyes Católicos exigieron mediante otra Real Pragmática el estudio del derecho romano o del canónico durante al menos diez años para poder ocupar oficio o cargo de justicia, pesquisidor, relator o algún oficio de corregimiento, asistencia, alcaldía o juzgado, receptoría o cualquier otro puesto relacionado con la justicia. Es decir, hay un cierta claudicación en las palabras de Isabel y de Fernando y una aceptación del estado de cosas en que se hallaba inmerso el reino castellano-leonés [15] . Pero la práctica jurídica, a pesar de esta aceptación, seguía siendo caótica, compleja, repleta de citas, de autores, de referencias de dudosa procedencia y juristas de discutida autoridad. Para poner fin a esta pléyade de alusiones y de doctores, los Reyes Católicos dan un nuevo paso con una Pragmática de 1499, en la que se fija una jerarquía entre las autoridades doctrinales susceptibles de alegarse. En el derecho civil, se seguirá la opinión de Bartolo o, en su defecto, la de Baldo; en el campo canónico, la de Juan Andrés o bien la del Abad Panormitano [16] . Pero se trataba de otro intento de limitar lo ilimitable: en el caso de que no se hallase opinión de alguno de los juristas referidos, el panorama que se preveía era idéntico al que se trataba de combatir con lo que la efectividad real de la medida adoptada estuvo muy mermada desde sus orígenes.

Las Pragmáticas mencionadas ponen de manifiesto la perfecta inserción de Castilla en el universo del Derecho Común, lo que implicaba que la fuentes del derecho propio fuesen interpretadas a la luz de todos los principios y categorías de los derechos romano- justinianeo y canónico. De esa forma, la doctrina de los juristas no se consideró como algo diferente o alejado de la ley, sino como una parte integrante de la misma, como una interpretación fidedigna de aquélla. Así se entendió que la opinión de los doctores debía ser seguida y vinculaba al juez cuando era unánime o cuando, si se trataba de la postura de un solo autor, no había sido contradicha por ningún otro.

De la aceptación de la realidad, deducida de los anteriores textos, sin embargo, se pasará al combate abierto contra el sistema desarrollado en la práctica. La Ley 1 de las Leyes aprobadas en las Cortes de Toro (1505) derogará la anterior pragmática de 1499 y reinstaurará el orden de prelación de fuentes creado por el Ordenamiento de Alcalá de Henares [17] . Esta ley de Toro será reiterada nuevamente por la Nueva Recopilación 2, 1, 3, y por la Novísima Recopilación 3, 2, 3, con lo que el esquema de las fuentes permanecerá inalterado hasta la época de la Codificación.

Sobre el papel y desde una perspectiva teórica, en principio, el derecho castellano se integraría por el derecho creado exclusivamente en Castilla y por el rey castellano o las personas en quien éste delegue. No había pie para la aplicación de órdenes jurídicos extraños y ajenos. No cabe acudir a otros derechos, ni a otras tradiciones jurídicas. No ocurrió así [18] y en varios textos posteriores, como en algunos Autos Acordados, se pone de manifiesto esa práctica ya secular e infructuosamente erradicada. Así la Nueva Recopilación recoge en su texto la referencia a la pragmática de Juan II (N. R., 2, 16, 4) y hace lo propio la Novísima Recopilación (Nov. R., 11, 14, 1), con lo cual se puede detectar la existencia de una antinomia clara: se prohíbe  el recurso al derecho romano, conforme a las Leyes de Toro, pero se admite la cita de los autores de acuerdo con las reglas establecidas por Juan II. En esa misma línea, deben ser mencionados dos Autos Acordados, que demuestran el camino diferente respecto a la postura real oficial que se seguía en la práctica de los tribunales: el de 5 de febrero de 1594 y el de 19 de enero de 1624, recogido en el volumen correspondiente a los Autos Acordados, 2, 16, 1 y 7 [19] , y también en la Novísima Recopilación 11, 14, leyes 2 y 3.

Esta situación será la que origine la pugna entre el Derecho Común y el derecho llamado Patrio o Real a lo largo del siglo XVIII, fundamentalmente a partir del reinado de Carlos III. Algunos Autos Acordados son partícipes de esos nuevos aires que se respiran [20] . Las opiniones autorizadísimas del padre Feijóo, Berní, Mayáns o Castro, entre otros muchos, sentarán las bases para la renovación jurídica, del método y de la forma creadora, que alumbrará el siglo XIX y su hija más preclara: la Codificación. El triunfo del Derecho Común y de su estilo había sido indiscutible durante varias centurias. Era el momento para proceder a una revisión de las bases sobre las que se erigía el sistema jurídico.

2.- Derecho y literatura: estado de la cuestión e hipótesis de trabajo.-

El dominio absoluto del Derecho Común debió tener su correspondiente reflejo en el campo de la literatura popular, entendiendo por tal aquella que no era jurídica, la no culta, la vulgar, sin ánimo peyorativo. El estudio de las relaciones entre el mundo jurídico y el mundo literario no es un tema novedoso. Desde los inicios de la Historia del Derecho se procuró observar la conexión fuerte que había entre estos dos universos aparentemente separados. Así lo había expresado Savigny cuando formula su idea del espíritu o conciencia popular, conglomerado de todo el conjunto de creaciones culturales de un pueblo, dentro de la que se insertan varias disciplinas, y así lo habían plasmado en la práctica los hermanos Grimm cuando afirmaron que hubo en tiempo en que derecho y poesía dormían en la misma cuna y vivían una misma vida. No es nuestra intención aquí enumerar todos los trabajos que sobre el particular se han redactado [21] , sino simplemente dar cuenta de aquellas contribuciones más relevantes en orden al objeto acotado de investigación que hemos elegido: la crítica del Derecho Común y su reflejo en la literatura entre los siglos XV y XVII, ciñéndonos a la producción procedente de España.

Fieles a este propósito, recuérdese, a modo de somera recapitulación, el estudio sobre el derecho en el Poema de Mio Cid, del padre de la moderna Historia del Derecho en España, Eduardo de Hinojosa, en donde se trataban temas de los más dispar, como las clases sociales, el derecho de familia, el riepto y un largo etcétera de cuestiones de corte jurídico que abundaban en la relación perfectamente constatable del conocimiento que el autor o autores del texto épico tenía del derecho castellano-leonés [22] . Debe mencionarse asimismo el trabajo de Alfonso García-Gallo acerca de la poesía épica castellana medieval, que, como réplica a Menéndez Pidal y por las relaciones que éste estableció entre poesía y derecho, muestra como efectivamente tanto la poesía como el derecho castellanos del Medievo presentan pocos elementos que sirvan para calificarlos como propiamente germánicos y deben buscarse, pues, otras herencias o influencias que permitan explicar el desarrollo de ambas manifestaciones culturales [23] . El mismo García-Gallo volverá sobre un tema análogo al examinar, con ánimo crítico, las leyendas existentes acerca de la independencia de Castilla [24] . José María Castán [25] , Niceto Alcalá-Zamora, desde la óptica de su especialidad [26] , o José María Pemán [27] han aportado sus propias reflexiones a esta relación que no pretendemos agotar. Desde la perspectiva del pensamiento político, José Antonio Maravall ha realizado importantes contribuciones que cubren prácticamente todo el espectro temporal desde la Edad Media hasta el siglo XVIII [28] , destacando especialmente su visión sobre el servicio que el teatro barroco presta al ideal político absolutista [29] .

El profesor Pérez-Prendes, con su habitual erudición, ha expuesto los componentes jurídicos que se pueden desprender de la lectura e interpretación del mito de Tartessos, partiendo de las narraciones latinas sobre el particular de Trogo Pompeyo y de su epitomador Justino [30] . Se ha ocupado con gran meticulosidad de esta tema el profesor José Luis Bermejo Cabrero quien al margen de colaboraciones individuales [31] , ha recogido buena parte de sus trabajos sobre el particular en un volumen de expresivo título [32] , que abarca desde las primeras manifestaciones literarias del castellano (Berceo, Arcipreste de Hita, Arcipreste de Talavera) hasta Floridablanca, pasando por La Celestina, Cervantes y Lope de Vega. La erudición que este profesor demuestra es el espejo donde deben mirarse las personas que quieran acercarse a este motivo y profundizar en el complejo, a la par que atractivo, mundo de transición entre lo artístico y lo jurídico. El profesor Bermejo ha incidido en esta línea de investigación en el volumen colectivo Sexo barroco y otras transgresiones premodernas, resultado de un curso de verano en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, dirigido por el profesor Tomás y Valiente, en el cual se ocupa de dos cuestiones: el protagonismo de la justicia en el teatro del Barroco y la presencia de duelos y desafíos en la literatura del Siglo de Oro [33] . El mismo autor nos brinda otro trabajo más breve sobre las conexiones entre instituciones sociales (la hidalguía y la monarquía) y el mundo literario, a través del examen de dos leyendas castellanas [34] .

Víctor Celemín Santos ha aportado un magnífico fresco sobre las menciones al derecho en diversos cuerpos de la literatura medieval [35] . Así, hasta las más recientes colaboraciones de Enrique Álvarez Cora [36] , Fernando J. Alamillo Sanz [37] , Antonio Pérez Martín [38] , Federico Trillo [39] , Juan Castillo Vegas [40] , Pedro A. Porras Arboledas [41] , o Ignacio Cremades Ugarte, quien traza una reconstrucción muy acertada e innovadora del derecho del Camino de Santiago al amparo de varias leyendas forjadas en la época medieval [42] . Por último, Enrique Gacto ha analizado al presencia de la justicia y del derecho en las fuentes literarias de nuestro Siglo de Oro, con especial atención a las obras, poéticas y prosísticas de Francisco de Quevedo [43] . Algunas antologías de textos histórico-jurídicos han recopilado junto a los obligados textos legales y doctrinales, referencias a obras literarias populares que ayudan a proporcionar una visión más completa de la inserción del derecho en la vida de una determinada sociedad [44] .

De la misma manera que El Quijote ocupa un lugar relevante en el panorama de la Literatura universal e hispánica, ha sido esta obra la que mayor número de trabajos ha suscitado para mostrar sus aspectos jurídicos que ponen de manifiesto el conocimiento profundo que Cervantes tenía de la realidad que lo rodeaba en todos sus aspectos [45] .

¿De dónde procede esta conexión entre derecho y literatura? ¿Por qué es necesaria esta relación desde el punto de vista del estudio de ambas disciplinas? La respuesta es siempre la búsqueda del conocimiento más perfecto y profundo de una cultura. La cultura de una determinada sociedad tiene múltiples manifestaciones. A modo de un caleidoscopio que refleja las variadas facetas en que se puede expresar, la cultura se proyecta de distintas formas en su intento de expresar los valores, los principios, los deseos y todo el componente ético-sentimental de una comunidad, pueblo, nación o estado. El hecho de compartir una serie de valores comunes y un conjunto de vehículos, asimismo comunes, de expresión permite forjar esa idea de comunidad cultural, la cual aparece integrada por varias manifestaciones: el lenguaje, el folclore, el derecho, el arte, la literatura, la pintura, las leyendas. Todas y cada una de esas facetas no pueden ser estudiadas de manera aislada porque su conocimiento completo, cabal y global exige mostrar las relaciones, las influencias, la conexiones que se producen entre todas ellas. Una forma de entender, a modo de ejemplo práctico, el derecho medieval es el estudio de la propia escultura románica o gótica y de toda su programación ideográfica, su simbología. Ante la ausencia de textos que de una manera rotunda y absoluta nos diseñen el ideario medieval acerca del orden jurídico, el historiador ha de acudir a la concepción que el hombre medieval plasmaba en las restantes creaciones artísticas. A partir, pues, de las mismas, se pueden rastrear las huellas que describen y explican la naturaleza y el origen de ese orden jurídico, su manera de plasmarse en la práctica, las formas de realización, su fundamentación última, y demás cuestiones colaterales. Piénsese, a modo de ejemplo, en el papel del rey como juez, acaso la forma más depurada de representación de la realeza en el Alto Medievo, y compárese con las representaciones de tímpanos, capiteles y demás obras escultóricas de las iglesias románicas, en las que el propio Dios, la propia divinidad, aparece esencialmente juzgando, premiando o castigando a la pléyade de súbditos de su reino. García-Pelayo lo demostró en su estudio sobre la idea medieval del derecho, de la misma manera que no hay mejor representación física de las doctrinas de gobierno en la Baja Edad Media que la que pintó Ambrogio Lorenzetti en el Palacio Comunal de Siena con el diseño del Buen Gobierno y todos los atributos que lo caracterizan, y el Mal Gobierno, con aquellos vicios que lo hacen nacer y ser reprobable [46] .

La Historia del Derecho en su afán de conocimiento del derecho en el tiempo ha de acudir a todo este conjunto de disciplinas auxiliares para proporcionar la visión más ajustada, certera y verídica que se pueda acerca de la propia evolución del ordenamiento jurídico en su sucesión temporal. No basta con el conocimiento del “derecho oficial”, del “derecho culto”, del “derecho popular”, o de su aplicación efectiva, manejando la clásica terminología de García-Gallo, sino que es preciso, en la medida de nuestras posibilidades y siempre que las fuentes lo permitan, completar la visión exclusivamente jurídica, con la que se proporciona desde otros ámbitos, desde otros lugares, que evidentemente presentan conexiones con el mundo del derecho. Aquí es donde entra la literatura por ser una forma de testimonio de excepcional valor sobre los tiempos pasados. Entendemos aquí por literatura, obviamente, aquella alejada en principio del mundo jurídico, es decir, aquellos escritos que no son calificables como cultos, que no tienen el derecho como principal objetivo de sus reflexiones. La literatura proporciona otra visión lega, diletante, diferente de ciertas instituciones de las cuales solamente poseemos la visión fría y seca de los textos jurídicos. Al mismo tiempo, el derecho nos sirve para la comprensión de esa literatura al remitirnos al entramado jurídico en el que se movía el autor concreto. Muestra el sentir del pueblo o de una parte del pueblo representativa, elitista, si se quiere, pero siempre con un marcado eco popular que se proyecta sobre lo jurídico y sobre lo literario a partes iguales e interdependientes. Toda literatura (no solamente aquélla que es tildada desde el siglo XIX como “realista”, “naturalista” o simplemente “social”) es siempre testimonio de un tiempo, de un lugar, de una mentalidad, de un pueblo. Con esto afirmamos el valor de fresco histórico que el componente literario incorpora siempre entre sus cometidos, con la voluntad decidida de su autor o inconscientemente sin ella. De esa manera, ciertas etapas de la historia jurídica, de las que sabemos poco o muy poco merced a la precariedad de las fuentes directas (piénsese, por ejemplo, en la Alta Edad Media, con sus pocos textos normativos, sus lacónicos documentos de aplicación del derecho, la ausencia de obras cultas de los juristas, el silencio respecto a la práctica judicial, etc.), pueden ser conocidas desde la perspectiva jurídica gracias al apoyo que proporciona la literatura y su visión de ese época. De la misma forma, en los períodos históricos más cercanos, donde el volumen de las fuentes es enorme e inabarcable, tampoco se debe desdeñar la aportación de la literatura como una de las manifestaciones de ese nivel “popular” al que se refería García-Gallo. Cierto es que las fuentes legales y jurisprudenciales nos enseñan de una manera amplia el panorama jurídico del momento histórico concreto que se ha acotado. Pero no debemos olvidar que esas fuentes nos sitúan en un nivel elevado socialmente hablando, en las altas esferas de las sociedad, en el mundo elitista y especializado de los reyes, consejeros, legisladores, jueces, oidores, juristas, catedráticos y demás personajes, desconociendo qué es lo que realmente sucedía en la calle, en las plazas, en los barrios bajos, entre aquellas personas que, como decía Unamuno, no hacía la Historia, sino que la padecían. Y este acercamiento al nivel popular, constituido por el universo que crean los literatos, gente culta por lo general -mas no necesariamente perita en el mundo de lo jurídico-, puede servirnos para completar la visión de un ordenamiento jurídico, la sensación de la gente común respecto al mismo, las trampas y trucos que se seguían en su aplicación, la realidad viva de un derecho que ha de ser, por su propia esencia, necesariamente vivo, cómplice de esa sociedad en la que aparece insertado.

Desde la Antigüedad el entronque entre derecho y literatura ha sido obvio, repetido, usual. La literatura refleja el sentir jurídico de un pueblo. Pero el derecho ha  proporcionado argumentos constantes al mundo literario. Basta citar la más selecta colección de tragedias griegas (las de Sófocles, Eurípides y Esquilo) para observar que, al margen de las pasiones humanas y de los caprichos divinos, el mundo del derecho está presente en los conflictos, las luchas, las decisiones y las paces que se desarrollan ¿Qué es Antígona, si no un relato del enfrentamiento entre el mundo jurídico y el mundo ético, entre el cumplimiento de las leyes de la ciudad y el cumplimiento de los deberes morales que se tienen para con los parientes más próximos? ¿Las comedias de nuestro Siglo de Oro no evocan con sus títulos muchos temas jurídicos? Y así sucesivamente hasta llegar a nuestros días. ¿Acaso no es el derecho la causa última de la muerte de Madame Bovary, acuciada por deudas, hipotecas, embargos y demás negocios jurídicos que la pasión amorosa le había llevado a concertar de una manera excesiva y por encima de sus posibilidades? ¿No están llenas las páginas de La educación sentimental de estudiantes de Derecho, exámenes, negocios de la burguesía francesa de la primera mitad del siglo XIX, remisiones al Código Napoleón? ¿No se cuenta que Stendhal leía cada noche el Código Civil francés admirando su estilo lacónico, seco, austero, como modelo de precisión en el escribir ? La interrelación entre ambos mundos parece más que evidente. La temática jurídica es una constante en el campo literario como se ha podido ver páginas arriba en el estado de la cuestión. Esto es así porque la literatura siempre ha cumplido un papel de espejo de la sociedad, de reflejo del mundo en el que aparece insertada, con ánimo descriptivo, crítico o satírico. Pero siempre con intención de plasmar todo lo que la sociedad vive, padece, sufre. La interacción es total. Por eso, la literatura es un buen termómetro para el conocimiento del grado de formación de una sociedad y, en función de ese grado de desarrollo, proceder a una compresión cabal de la misma. Los autores se erigen así en los interlocutores válidos que empleamos nosotros como historiadores para conocer el modo de pensar, las mentalidades, tan queridas a la historiografía francesa, y las proyecciones que las mismas tienen en su vertiente práctica ordenadora de la sociedad. En este sentido, dependemos de la formación del literato y de su capacidad e inteligencia para captar el mundo en el que se mueve. Los habrá realistas, los habrá idealistas, los habrá naturalistas, pero siempre se podrá encontrar un poso mínimo de verdad: el escritor es la voz más autorizada de su tiempo por la sensibilidad que demuestra para captarlo y para legarlo a la posteridad.

Derecho y literatura son caminos conducentes a un mismo destino, decía Rafael de Ureña, el bien. En el primer caso, personificado en la justicia; en el segundo, en la belleza. Desde la noche de los tiempos, el protagonismo de los literatos en todas las sociedades ha sido de un relevancia tal que muchas veces superaba la simple cuestión estética que sus creaciones impulsaba. Y lo mismo sucedía con los juristas. En la antigua Grecia, se creía que ambos recibían la inspiración de la misma divinidad. En los primitivos derechos germánicos, el componente literario de numerosas actuaciones jurídicas era indiscutible con la vista puesta en la publicidad de dichos actos [47] .

El asunto central sobre el que vamos a desarrollar este trabajo es el referido a la crítica efectuada desde el campo literario al sistema de Derecho Común, advirtiendo que no vamos a agotar la totalidad de la amplia materia a que puede dar juego tan interesante y apasionante cuestión de estudio. Por razones de espacio y de trabajo, hemos decidido ceñir esta investigación a un caso concreto. Nos referimos a las diferentes referencias existentes en ese compendio magistral de la literatura popular castellana de finales de la Edad Media que es el Cancionero de Juan Alfonso de Baena.

3.- El Cancionero de Baena: una crítica profunda al Derecho Común.-

3.1.- Algunos precedentes líricos.-

La literatura medieval no permanece inerte ante los nuevos estilos que se sustancian en la corte castellana. El avance imparable del Derecho Común y de sus prácticas es evidente. Los usos de los abogados, la invocación del derecho romano y del derecho canónico, la demora de los pleitos, el coste de los mismos, entre otros, son motivos comunes que comienzan a aflorar en las poesías del siglo XIV. Pero no todos los monumentos literarios son críticos. El mismo Dante, a comienzos del siglo XIV, glosaba la importancia de ese nuevo derecho forjado en Italia a través de la laudatio de dos de sus protagonistas: Justiniano, quien corrige y elimina lo superfluo del derecho, [48] y Graciano [49] , exponentes paradigmáticos de las más altas cumbres alcanzadas en el derecho romano y en el derecho canónico, respectivamente, que son incluidos en el Paraíso, a diferencia del jurista boloñés Accursio que figura en uno de los círculos del Infierno dantesco. Ningún otro jurista coetáneo es citado en la obra dantesca lo cual no deja de ser expresivo [50] . Cronológicamente, antes del siglo XV y con posterioridad al siglo XIII, en que comienza el proceso de Recepción, se pueden observar algunos resultados materiales que traemos a colación concordando así con la visión usual que sitúa entre la segunda mitad del siglo XIII (fecha del Fuero Real) y comienzos del siglo XIV los inicios de la Recepción hasta la consagración definitiva de dicho sistema jurídico a través del Ordenamiento de Alcalá de Henares (1348). Esas fechas constituyen, pues, el punto de partida para que la literatura se haga eco de las nuevas tendencias detectables en el mundo del derecho.

Así sucede con el poema titulado Revelación de un Hermitaño, datado en el siglo XIV, que narra una aparición de la que es partícipe un anacoreta muy virtuoso a la que sigue un interesante diálogo del cuerpo y del alma, exponiendo básicamente las miserias y defectos del primero. Cuando la aparición concluye, se produce una reflexión final acerca de la fugacidad de la vida y de la imposibilidad de conocimiento del momento en que se fallece y se es llamado a comparecer ante Dios, juicio este en el que no cabe apelación, ni siquiera alegación de los mejores juristas, Cino de Pistoya y Bartolo de Sassoferrato, a los que se alude expresamente en el texto. La cita de ambos será constante en los textos posteriores, síntoma de que eran los más conocidos por el pueblo debido a su más que probable empleo en la práctica judicial y extrajudicial. El destino y los designios divinos apenas pueden ser objeto de comprensión por el hombre y en consecuencia todas las artimañas que pudieran valer en la tierra, carecen de cualquier utilidad en el cielo:

“Aquella palabra deues noctar
Que su sanct Yglesia te dise atisa,
Reconósçete, hermano, que eres çenisa,
E en çenisa te has de tornar.
Ca non sabes el dia que ta ha de llamar
Que bayas dar cuenta de quanto fesiste,
E sy condepnado ser mereçiste
Chyno nin Bartolo non cabe alegar” [51] .

El segundo ejemplo que refiere esta polémica inserción del Derecho Común aparece en uno de los géneros más característicos de esta etapa final del Medievo que Huizinga llamó, con toda propiedad, el “otoño de la Edad Media” [52] . Nos referimos a la Danza de la Muerte. La crisis espiritual que se vive en la Cristiandad (refutación del pensamiento aristotélico-tomista por Duns Scoto y Ockham, con el consiguiente clima de desamparo y soledad intelectual, el cisma de Occidente, el papado de Avignon, las tesis conciliaristas que hacen tambalearse el sólido edificio de la Iglesia), junto a la crisis económica y demográfica (no olvidemos las sucesivas epidemias de peste negra que acaban con casi una cuarta parte de la población europea a mediados del siglo XIV, junto a las guerras) crean un sentimiento de incertidumbre, de duda, de temor, ante lo que será el futuro. Esa indeterminación coloca a la muerte como primera protagonista y en su actuar ésta se comporta con una nota, por encima de cualquier otra: la igualdad, la extensión de su efectos macabros a la totalidad del cuerpo social. La muerte equipara a todos los hombres y por eso en estas composiciones, se representa un baile en el que la Dama Negra va invitando a diversos compañeros de danza a acompañarle, forma poética de conducirlos a su trágico destino. Con ello se quiere insistir, como dice el prólogo, en que:

 “Aquí comiença la dança general, en la qual tracta commo la muerte (dize) avisa a  todas las criaturas que paren mientes en la breuiedad de su vida, et que della mayor  cabdal non sea fecho que ella meresçe. E asy mesmo les dize et requiere que vean et  oyan bien lo que los sabios pedricadores les dizen et amonestan de cada dia, dando les bueno et sano consejo que pugnien en fazer las buenas obras por que ayan conplido perdon de sus pecados. Et luego syguiente mostrando por espiriençia lo que dize, llama et requiere a todos los estados del mundo que vengan de su buen grado o contra su voluntad” [53] .

Por los brazos de la Muerte, van pasando todos los hombres, sin distinción, y aquélla aprovecha para dibujar pequeñas semblanzas de los vicios y defectos que presenta el compañero de baile. A cada uno de estos se les da la oportunidad de un pequeña (e inútil, por otro lado) defensa, a la búsqueda de una cierta compasión y piedad, que no provoca en la Muerte más que una severa reprobación, recordando el castigo al que están llamados y abundando en los defectos y vicios con los que se acusa. El último verso de cada intervención de la Muerte da pie a la entrada del nuevo protagonista. Frente a la tendencia democrática que se ha atribuido, conviene decir que lo que augura la igualdad es la vida en el más allá: la Muerte denuncia el incumplimiento por cada uno de los estados de aquellos deberes y obligaciones que eran inherentes a su condición dentro del esquema mental del Medievo. La tendencia igualitaria y democrática solamente se predica para la vida que vendrá en ultratumba, no para la que se está a punto de concluir [54] : en el más acá, se conserva la división funcional que había sido una constante en todas las centurias medievales.

Sucesivamente aparecen dos doncellas (lo efímero de la belleza lo cual constituye una innovación sustancial respecto a otras danzas europeas coetáneas, más preocupadas por lo tétrico, lo lúgubre), y en el orden jerárquico que establecía la sociedad medieval decadente, surgen emparejados el papa, el emperador, el cardenal, el rey, el duque, el arzobispo, el condestable, el obispo, el caballero, el abad, el escudero, el deán, el mercader, el arcediano, hasta que llegamos a la figura del abogado. La Muerte introduce la presentación del letrado, refiriendo aquella actividad en la que éste estaría enfrascado, preparando alguna defensa, algún dictamen, algún consejo, para lo cual usa los textos romanos, y dentro de ellos, el más prestigioso y conocido (el Digesto de Justiniano):

“Dançad, abogado, dexad el dijesto” [55] .

Tiene la palabra el abogado, según el esquema de la composición. Su defensa se articula a partir de un ejercicio de autocompasión, en el que el “qué será de mí” figura como motivo central. La inutilidad de sus conocimientos jurídicos ante el juicio que se le avecina también es puesta de manifiesto. La vista y el habla, los dos atributos esenciales de todo buen litigante, han sido perdidos. Solamente resta esperar el final:

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